1. Preservar la propiedad intelectual y gestionarla de forma más flexible, abierta y participativa.

2. Ampliar el ámbito del dominio público, cada día más amenazado y estrecho.

3. Fomentar fórmulas de derechos de la propiedad intelectual flexibles que permitan a los autores decidir cómo permiten el disfrute y uso (comercial y no comercial) de sus obras.

4. Adaptar la cultura, la creación y la industria de los contenidos a un nuevo escenario tecnológico con escaso coste de copia y distribución y marcado por nuevos métodos de consumo y comercialización.

5. Convertir en excepción voluntaria la gestión comercial de los derechos de propiedad intelectual, no en regla. Ahora toda obra queda protegida (en explotación comercial) cuando se crea. La idea es hacerlo al revés: toda creación está libre de derechos hasta que el autor elija a qué derechos se acoge, sean flexibles y limitados (Creative Commons, por ejemplo) o generales.

6. Limitar la duración de los derechos de autor a un período sensato (ahora es de vida más 70 años).

7. Ampliar el derecho de cita siempre que no sea copia y relajar la presión sobre una cultura y unas obras plenas de intertextualidad y donde la integración o el hipertexto forman redes de contenidos muchas veces imposibles de gestionar con el actual sistema de derechos.

8. Reducir el tiempo y ámbito de explotación comercial de todas las obras subvencionadas, sustentadas o de propiedad (total o parcial) con fondos públicos. Revertirlas cuanto antes al dominio público.

9. Proteger a los autores de obras colectivas (habitual en los medios, por ejemplo), ahora muy sometidos a los editores y detentadores de los derechos.

10. Fomentar la creación de obras participativas y libres, especialmente en los ámbitos académicos, de investigación y de innovación.

11. Dedicar una parte de los derechos de autor a financiar obras de dominio público.